Por REDACCIÓN | La Campaña estatal por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el fin de las deportaciones ha hecho público un comunicado que lleva por título “Disidencia deportada” en el que denuncia que recientemente el Gobierno español ha deportado a dos personas poniendo en grave riesgo su vida e incumpliendo intencionadamente varios preceptos legales al hacerlo.  Estas declaraciones públicas se han realizado coincidiendo con la conmemoración, el 15 de Junio, con el Día por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros y el fin de las deportaciones

Lamentablemente esta afirmación es tan actual como atemporal. Hoy se materializa en las personas de Mohamed Benhalima y Mohamed Abdellah, dos activistas argelinos que buscaban asilo en España tras huir de su país, que les perseguía por haber denunciado públicamente varios casos de corrupción y de vulneraciones de derechos.

Monedas de cambio

Ambos se han convertido en monedas de cambio de España para suavizar las relaciones con Argelia -el país que nos vende gas y que está entre los 9 que más condenas a muerte impone del mundo- o tras el conflicto desencadenado a consecuencia del cambio de postura español hacia el Sáhara Occidental debido a las presiones de Marruecos -el país que,  a cambio de dinero, bloquea el paso de la gente que quiere llegar a Europa, y que lleva casi cincuenta años abusando del pueblo saharaui y ocupando sus territorios-.  

Antes de proceder a la expulsión, los dos fueron encerrados en un centro de internamiento de extranjeros para que no huyeran, es decir, para que no pudieran escapar de la traición de un Estado que se dice de Derecho, pero que en la práctica es un Estado contra Derecho, pues incumple sistemáticamente su propia normativa para perseguir a quien debe proteger. Con la ley en la mano, Benhalima y Abdellah no deberían haber sido detenidos, ni internados, ni deportados, sino acogidos y amparados. Pero, desde su creación, los CIE han sido utilizados para llevar a cabo estos juegos sucios en los que las instituciones activan todos los instrumentos del dispositivo deportador con modos propios de una organización criminal, con el fin de consolidar las relaciones de poder establecidas a todos los niveles.  

En la mayoría de los casos, el bloqueo de la acción política se materializa también en la amenaza que supone la puesta en marcha de este dispositivo para las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, que ven su derecho universal a la libertad de expresión atacado precisamente por quienes son responsables de garantizarlo.  

Cualquier desafío al sistema, incluso si es para su mejora, convierte a la persona en disidente. El mero hecho de atravesar una frontera -una línea imaginaria- con el cuerpo, constituye un acto de rebelión en sí, y es por ello por lo que el sistema tiene un objetivo claro para su perpetuación: deshacerse de la disidencia.

Uso de las deportaciones

Así, cada año el Estado español utiliza el internamiento en CIE y la deportación para impedir la acción política de decenas de personas.  

Lo hace cuando las personas ya eran políticamente activas antes de llegar a nuestro territorio y pueden servir a los planes o intereses del gobierno de turno, como es el caso de Benhalima y Abdellah para tratar de contentar a Argelia, de varios compañeros rifeños para intentar complacer a Marruecos, o de personas que luchaban en sus países por una vida digna, ya sea por motivos de género o para alcanzar mejores condiciones materiales para desarrollarse en libertad, deportadas para agradar a (los poderes fácticos que controlan) la comunidad internacional.

Lo hace cuando las personas se convierten en sujetos políticos activos a raíz de situaciones que han vivido durante su estancia en el territorio español, como puede ser la defensa del derecho a la vivienda – cuando actúa contra activistas de la PAH y otras organizaciones de barrio organizadas contra los desahucios- o por la autodeterminación de los pueblos -contra personas que apoyaban el proceso independentista en Cataluña-.  

Incluso, una vez que las personas han sido internadas en un CIE, lo hace cuando deporta recurrentemente con una celeridad inusual a quienes han liderado protestas pacíficas dentro de estos centros, lo que en muchas ocasiones también imposibilita la investigación de las agresiones perpetradas por agentes de policía con carácter previo a la expulsión.  

Impedir la acción política

En definitiva, el Estado español impide a la población migrante la acción política y la defensa de sus derechos siempre que puede: instrumentaliza a las personas, ataca sus derechos, dispone impune e irresponsablemente de sus vidas y reviste su actuación de un halo de falsa legitimidad. Practica a diario lo que los propios Estados europeos han denominado “guerra híbrida” y, en su propósito de desposeer de agencia política a estas personas disidentes, envuelve en un marco de aparente legalidad todo un entramado dirigido a la represión de conductas que cuestionan cómo el abuso de poder está marcando el funcionamiento de nuestra sociedad.

Los CIE son cárceles racistas en las que se vulneran sistemáticamente los derechos humanos, son el brazo ejecutor de políticas antipersona, son centros de cosificación a merced de los designios de irresponsables políticos. Por eso, y por los miles de razones expuestas año tras año en nuestras campañas, desde todos los confines del territorio español, como cada 15J, Día contra los CIE, seguimos reivindicando el cierre inmediato y definitivo de los CIE y el fin de las deportaciones.

#DisidenciaDeportada

#CIEsNO

#StopDeportación


Información complementaria: Informe CIE 2021 | Servicio Jesuita a Migrantes