Por JUAN GARCÍA CASELLES / Cuentan que allá por los años que siguieron a la sagrada transición, en una población de mediana importancia resultaron vencedoras las izquierdas en la elecciones y que a los pocos meses de tomar posesión de su cargo el alcalde, buena persona, por cierto, le pidió audiencia uno de los industriales más poderosos de la localidad que le comunicó que pensaba ampliar su negocio creando cincuenta nuevos puestos de trabajo, noticia de la que se alegró el alcalde.Solo que, a continuación, el industrial manifestó que, para poder hacerlo, sería necesario que el alcalde le facilitara la construcción de la nueva fábrica en unos terrenos que tenía, en los que, de momento no podía construir por estar declarados como no edificables. Le contestó el alcalde que la cosa era muy complicada por diversas razones legales y a ello respondió el industrial que lo sentía muchísimo, pero que se iría con su nueva fábrica a una población cercana donde le habían prometido toda clase de facilidades y, de paso, le dijo que cada vez que le preguntaran en un bar
la razón de su marcha, les contestaría que era cosa del alcalde que, por lo visto, estaba en contra del progreso de la población y del aumento del los puestos de trabajo.
La libertad de prensa no tiene cortapisas, como ha demostrado algún miembro de la judicatura, mientras que para ejercer la libertad de expresión hay que tener cuidado
Cuando se enteraron los del partido del munícipe, montaron en cólera y le dijeron que si se había vuelto loco, que así perderían las próximas elecciones y que eso había que arreglarlo, lo que así efectivamente hicieron facilitándole al industrial terreno público en unas condiciones estupendas para el industrial.
Viene esto a cuento por mor de las elecciones andaluzas y la crítica a las izquierdas, donde solo suelen aparecer razones de tipo político, muchas de ellas fundadas y razonables, pero no podemos olvidar la estructura económica en la que funcionan los políticos.
La anécdota-parábola que os cuento no afecta solo a los alcaldes, sino a todos los aparatos del poder político. Todo depende del tamaño del negocio. Al fin y al cabo es lo mismo que suelen hacer las multinacionales con cualquier gobierno del mundo (salvo quizá China). Recordad el caso de las bombas inteligentes y los barquitos que le está vendiendo España a Arabia Saudí. No se trata de un conflicto del Gobierno de
España con los sauditas, sino un conflicto de los fabricantes de las bombas y de los barcos con el Gobierno español. Ganaron los fabricantes, faltaba más.
A la hora de efectuar presión, las multinacionales no necesitan de los bares, que para eso están presentes en los consejos de administración de todos los medios de (des)información. Recordemos que en España la libertad de expresión tiene sus cortapisas, como en propia carne han experimentado algunos raperos. En cambio la libertad de prensa es un derecho casi absoluto, como lo ha podido experimentar algún
miembro de la judicatura. Hay que reconocer que esta libertad es una realidad incuestionable en nuestro país como puede comprobarse por el hecho de que cualquier individuo puede comprarse una cadena de TV o de radio, o hacerse con algún periódico, para lo que hace falta, eso sí, un buen pellizco de millones de nada, que es cosa que está al alcance de la mayoría de nuestros conciudadanos.
Por otro lado, no es que los periodistas estén coaccionados en sus posibilidades de expresarse libremente, que, por lo general, no lo están, es que ya tendrán ellos buen cuidado de no molestar al jefe, que esto es capitalismo y no se puede despedir al empresario, pero si al trabajador, con indemnización o sin ella, según los casos.