Ante las migraciones, promovamos la hospitalidad y el respeto a los derechos humanos y reconstruyamos una cultura del encuentro frente al rechazo

Imagen de la concentración celebrada el sábado 16 de diciembre ante la puerta del CIE de Sangonera la Verde (Murcia)

Por REDACCIÓN / El próximo 18 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Migrante por ello las organizaciones solidarias que suscribimos este manifiesto exigimos un cambio de políticas ante las migraciones que promueva la hospitalidad y el respeto a los derechos humanos y restituya una cultura del encuentro frente al rechazo.Durante los últimos meses del año 2017 hemos asistido, con perplejidad, a una sucesión de hechos relacionados con la llegada y acogida de inmigrantes en la Región de Murcia, que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo humano, víctimas a la vez de las mafias y de una política sin cabeza ni corazón que incumple derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Desde finales de septiembre de este año el goteo continuo de pateras en el Levante español ha puesto en evidencia la inexistencia de un sistema de acogida que garantice a las personas llegadas a Europa un trato humano y digno. Durante las primeras semanas de noviembre llegaron a nuestra región casi un centenar de pateras con unas 900 personas y en lugar de activar todos los resortes de una democracia avanzada como la nuestra, reforzando los puntos de llegada de inmigrantes, las infraestructuras y los lugares donde hacer el primer reconocimiento, se optó por el discurso del rechazo, la hostilidad y el miedo que de manera ostensible capitaneó el nuevo Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Bernabé, quien definió esta llegada como “un ataque coordinado a nuestras fronteras”. Este tipo de discurso en torno a los refugiados y los inmigrantes los deshumaniza deliberadamente para poder excusar su responsabilidad y el deber de toda administración pública de garantizar que los derechos humanos de los migrantes sean respetados y ellos tratados con respeto y dignidad. Su actitud no nos deja otra opción que pedir su dimisión o cese inmediato.

 

Marcha hacia el CIE de Sangonera.

Los inmigrantes llegados a Cartagena, en su gran mayoría argelinos, fueron confinados en un pabellón deportivo de la ciudad a la espera de su puesta a disposición judicial, un espacio que no reunía las condiciones necesarias para garantizar una estancia digna a unas personas que acababan de llegar a nuestras costas después de un penoso viaje. En este mismo lugar se constituyo una oficina judicial para poder proceder a su posible identificación y entrada en un centro de internamiento, poniendo a disposición de los casi 300 personas que allí estaban tan solo unos pocos abogados del turno de oficio que disponían de menos de 5 minutos para conocer y para que les explicaran la situación jurídica de cada uno, las condiciones en las que se encontraban y la posibilidad de solicitar protección internacional, lo que impidió el derecho a un debido proceso y una tutela judicial efectiva. Por ello denunciamos que las condiciones en las que se produjeron estas declaraciones no cumplían con las exigencias mínimas de un estado de derecho que debe respetar siempre los derechos fundamentales, máxime teniendo en cuenta que la conclusión final es la reclusión de unas personas en un centro de internamiento, con la consiguiente privación de libertad y la posterior deportación o devolución al país de origen.

Finalmente los juzgados intervinientes en este proceso, en coordinación con el Gobierno y aduciendo la falta de plazas en los CIE, ordenaron el internamiento de buena parte de estos inmigrantes en la cárcel de Archidona en Málaga, una decisión que contraviene la ley de Derechos y libertades de los extranjeros en España y de su integración social, que declara el carácter no penitenciario de los centros de internamiento de extranjeros y el propio Reglamento por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de estos centros que aunque posibilita la habilitación de espacios provisionales, estos tienen que ser creados mediante una Orden del Ministerio del Interior, algo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Pareciera que lo CIES fueran una alternativa, dada la insistencia en la defensa que se hace considerándolos diferentes a un centro penitenciario, pero la realidad de nuestro acercamiento directo al CIE de Sangonera la Verde de Murcia, a través de las visitas que venimos realizando, nos muestra que los CIES son cárceles racistas, espacios de sufrimiento, en los que la vulneración de derechos forma parte del día a día.

En este CIE durante el último año se han producido incidentes diversos que han dejado varios heridos entre internos y funcionarios policiales. Cada vez que ocurren estos hechos se endurecen las condiciones de vida con la presencia de unidades de intervención policial de forma permanente, con la uniformidad y sus instrumentos habituales. Esta circunstancia genera una tensión intensa en la relación diaria entre funcionarios e internos que no favorece la normalización de la convivencia.

Ante las nuevas propuestas del Ministerio del Interior de crear un nuevo modelo de CIE manifestamos nuestro más absoluto rechazo, insistiendo en la necesidad de revisar las políticas de acogida en el marco de la defensa de los derechos humanos. Hay que fiscalizar y exigir transparencia en el uso de los recursos utilizados por el Estado para hacer frente al pago de todos los servicios que tienen privatizados en estos centros, los vuelos de deportación, las redadas por perfiles étnicos, las expulsiones exprés,… acciones todas ellas denunciadas reiteradamente por entidades solidarias de defensa de los derechos de los migrantes y que, en el caso de las devoluciones en caliente, llevaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a condenar al Gobierno de España.

Así mismo denunciamos la situación en la que se encuentran decenas de menores no acompañados en nuestra Región, especialmente los que llegan por la ruta de las pateras de Argelia y que se acogen por razones excepcionales en el Centro Residencial El Peñasco. El uso de este espacio para la atención de urgencia debe realizarse durante el menor tiempo posible y se debe regularizar inmediatamente su situación, mediante su inclusión en la red de centros y en los circuitos ordinarios de tramitación, en orden a prestarles la atención debida con las máximas garantías, salvaguardar su integridad y el respeto de sus derechos en todo momento porque ante todo, son menores de edad. Nos preocupa que prime la condición de extranjero frente a la de niño y se hable de falta de recursos para ellos, cuando no se debería, en ningún caso, diferenciarlos del resto por su nacionalidad, ya que de acuerdo con la Convención de los derechos de los niños, todos los menores tienen que tener la misma consideración.

Urge revisar en profundidad la política de atención a las personas migrantes para poder ejercer el derecho de acogerlos con dignidad, respetando los derechos humanos, como debería garantizar un Estado democrático de derecho.

¡MIGRAR ES UN DERECHO, NO UN DELITO! ¡NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL!

Murcia a 16 de diciembre de 2017

Suscriben este manifiesto: Convivir sin Racismo; Plataforma de la Inmigración de Molina de Segura; Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia, Asociación de Senegaleses de la Región de Murcia; Federación Asociaciones de Africanos en Murcia, FAAM, Pastoral Obrera, Delegación de Migraciones del Obispado de Cartagena; Murcia Acoge; HOAC; Comisión Justicia y Paz Murcia; Amigos del Alto de Bolivia; Asociación CATS; Plataforma de Afectados por las Hipotecas-Murcia; Asociación de Estudiantes AIEMUM, Coordinadora Antirepresión; Entrepueblos; Amigas de Ritsona Y los sindicatos CGT; CC.OO, Intersindical Región de Murcia y UGT.