CC OO, UGT, USO y la CUMBRE SOCIAL han convocado una jornada de movilizaciones en todo el país respaldando la convocatoria de euromanifestación de la Confederación Europea de Sindicatos

cUMBRE SOCIALPor  CUMBRE SOCIAL / para rechazar las políticas de austeridad y de recortes y exigir un plan de inversiones que permita reactivar la economía y crear empleo de calidad. Una advertencia que lanzará la ciudadanía española al Gobierno, en primer lugar, y al resto de las formaciones políticas españolas que acudirán a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, para exigirles un cambio de rumbo de las políticas europeas y nacionales.

Así no se puede seguir. Las políticas de austeridad y de recortes que han puesto en marcha distintos gobiernos, de la mano de la llamada troika comunitaria –FMI, BCE y Comisión Europea- no han hecho sino incrementar las desigualdades entre unos países y otros, el paro, la pobreza y la exclusión social. Además se ha producido un severo retroceso de las políticas públicas, en un contexto de progresivo desmantelamiento del Estado de bienestar y de eliminación de derechos sociales y laborales.

Vemos con preocupación el posible agravamiento de la crisis si el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, se lleva adelante en los términos en que se está negociando, donde las multinacionales y la banca mundial tendrían un poder ilimitado sin trabas legales de ningún tipo. Este acuerdo que aparenta la supresión de aranceles, lo que oculta es la eliminación de las regulaciones que protegen a las personas como  trabajadoras y consumidoras.

Desde que en mayo de 2010, las autoridades comunitarias impulsaron los planes de ajuste y emplazaron a los gobiernos de la Unión, entre ellos al español, a una reducción drástica del déficit y a las reformas estructurales del mercado de trabajo, del sistema financiero y de las pensiones, hemos asistido a una pérdida continuada de derechos y prestaciones, y a un aumento escandaloso del desempleo, que en España afecta ya a  6 millones de personas y unas 200.00 en nuestra Región. Unas políticas de control dogmático del déficit que han conducido al país por la senda del paro masivo, la pobreza y la exclusión social.

En las sucesivas movilizaciones y huelgas generales que se han llevado a cabo en nuestro país, los sindicatos y la Cumbre Social han exigido otras políticas económicas y sociales orientadas a reactivar la economía, crear empleo y  avanzar hacia otro modelo productivo. Pero ha sido en vano hasta el momento. El anterior gobierno que puso en marcha el primer paquete de medidas de ajuste, reforma laboral incluida, y especialmente el Gobierno de Mariano Rajoy, han seguido a rajatabla la agenda impuesta por las instituciones financieras y los mercados, a costa de sacrificar derechos y conquistas históricas de la población asalariada y de la ciudadanía, y de ceder espacios de la democracia a la acción de instituciones y organismos no democráticos.

EuropePor eso, cuando ahora nos dicen que aquellos sacrificios están dando sus frutos, y que habrá que seguir con los recortes, decimos alto y claro que están mintiendo y que no vamos a permitir que se siga desmantelando el estado social. Un país que está perdiendo trascendentes conquistas sociales y laborales, que ha visto retroceder hasta límites intolerables la calidad de la democracia, y que ha conseguido batir el récord del paro en Europa, en la misma medida que bajaba la tasa de actividad y se golpeaban los sistemas públicos de protección social, no puede presumir de logros, sino de todo lo contrario. El Gobierno debería prestar asistencia, fundamentalmente y  sobre todo a los millones de personas expulsadas a la pobreza y la exclusión, y proceder de inmediato a cambiar el rumbo de su política económica y antisocial, garantizando una Renta Mínima que ofrezca protección social a las personas mas afectadas por la crisis, sin empleo y en situación de pobreza que en miles de casos llega a ser extrema. En nuestra Región, cerca de 2.000 personas sin ningún tipo de recursos no van a poder percibir  la prestación de la Renta Mínima de Inserción este año 2014, por falta de recursos presupuestarios del Gobierno del Partido Popular en la Región.

Al mismo tiempo, exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Atención a la Dependencia, cuyas reformas impuestas por el Gobierno, están suponiendo la reducción del gasto público, a costa de una reducción de las prestaciones, reduciendo el número de beneficiarios, la intensidad de las prestaciones, un mayor copago, modificando el concepto de Red pública y priorizando la gestión privada de los servicios.

Por todo ello, apoyamos la iniciativa de la Confederación Europea de Sindicatos de demandar con urgencia a las autoridades europeas y a los gobiernos nacionales un Programa de Inversiones en sectores como la energía, redes e infraestructuras de transporte y telecomunicaciones, la reindustrialización en sectores de futuro, la educación, la formación, I+D+i, servicios públicos de calidad o rehabilitación de vivienda social…proponiendo para ello, un objetivo de inversión anual del 2% del PIB europeo durante diez años para que Europa vuelva a la senda del crecimiento económico sostenible y de creación de empleo. Un plan audaz, cuya puesta en marcha permitiría crear 11 millones de puestos de trabajo, así como poner fin a los recortes en el gasto público, aumentar los salarios y reforzar las prestaciones y redes de protección social, y muy especialmente para las personas que más están sufriendo los efectos de la crisis.

Esas son las razones de la jornada de manifestaciones y concentraciones que tendrán lugar el 3 de abril en las principales ciudades españolas –en algunas se celebrarán en otras fechas-.

EN NUESTRA REGIÓN, EL 3 DE ABRIL LLEVAREMOS A CABO UNA CONCENTRACIÓN A LAS 11 HORAS ANTE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN MURCIA, a la que llamamos a trabajadores/as, parados y paradas, pensionistas, jóvenes y ciudadanos y ciudadanas a participar.

Unas manifestaciones y Concentraciones,  en las que diremos ¡BASTA YA DE RECORTES! y exigiremos un nuevo rumbo para reactivar la economía, crear empleo y reforzar los sistemas públicos de protección social.