El Gobierno de la Región de Murcia ha destruido todo el sistema de cooperación al desarrollo y desde el año 2010 ningún euro murciano ha llegado los países empobrecidos
Por COORDINADORA ONGD / Las coordinadoras autonómicas de ONGD, reunidas en Cáceres en el marco de su XI Encuentro Anual, denuncian el desmantelamiento de las políticas sociales, especialmente de la política pública de cooperación al desarrollo. El panorama de las políticas sociales es desolador. Los fondos destinados a la política de cooperación autonómica se han visto reducidos un 70 por ciento en los últimos cinco años en todo el Estado. De cara a 2014, las previsiones realizadas por el gobierno sitúan la cooperación autonómica en 121 millones de euros, muy lejos de los 464 millones de 2008. Tal realidad se sitúa en el marco de la política de recortes sociales que está empobreciendo a la ciudadanía española, aumentando la brecha de la desigualdad y agravando la situación de miles de personas en todo el mundo.
En la Región de Murcia, la injusta política del Gobierno Valcárcel ha destruido todo el sistema de cooperación al desarrollo que obligaba la aplicación y puesta en marcha de la Ley Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y desde el año 2010 ningún euro murciano ha llegado los países empobrecidos.
La eliminación de la política de Cooperación al Desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma erosiona el sentido comunitario de nuestra sociedad y valores, como el bien común, la solidaridad y la equidad. Desmantelar la cooperación al desarrollo en la Región de Murcia significa también renunciar a tener una proyección internacional mediante una identidad política y social potente y vigorosa. Y sin ninguna duda, desmantelar la cooperación al desarrollo en la Región de Murcia significa también apoyar la construcción de un mundo arrojado a las fuerzas del mercado y los intereses privados, frente a la colaboración, la solidaridad y la responsabilidad global entre sociedades como valores apoyados por el conjunto de la sociedad.
Sin Cooperación, la Región de Murcia renuncia a estar en el mundo de la solidaridad internacional y desatiende sus compromisos de lucha contra la pobreza. Y renuncia a sensibilizar y educar, a hacer presentes las causas de la pobreza y la desigualdad y a recabar ayuda para el desarrollo humano.
Estamos asistiendo a un retroceso de más de 30 años en derechos humanos. El ataque a las políticas públicas y el abandono de los esfuerzos y logros alcanzados desmantela lo construido durante décadas de trabajo conjunto. Es urgente que se cumplan los Pactos contra la Pobreza, la Ley Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y se respete el marco jurídico que protege y promueve el trabajo de las organizaciones sociales.
Denunciamos los intentos de algunas fuerzas políticas de confrontar la pobreza en nuestro país con la de otros países. La crisis no puede ser excusa para abandonar la lucha contra la pobreza y la exclusión social, en ningún lugar del mundo. Deben atajarse las políticas neoliberales que protegen los intereses de las grandes corporaciones a costa de la violación de los derechos humanos de la población.
La utilización de la crisis como excusa no es válida. Podrían obtenerse ingresos mediante medidas justas como una fiscalidad progresiva que grave más a los que más tienen; la lucha contra el fraude fiscal, la corrupción; la eliminación de los paraísos fiscales o la imposición de tasas a las transacciones financieras. Unos fondos que podrían destinarse a políticas sociales en el Estado Español y a la cooperación con los países empobrecidos.
Exigimos el respeto democrático de los gobiernos a las organizaciones sociales y a los procesos de participación ciudadana que son uno de los elementos clave para la salud democrática de cualquier país. Como actores de transformación social, las ONG de Desarrollo reiteramos nuestra apuesta decidida por una sociedad en la que se garanticen los derechos humanos de todas y todos. Construir esa sociedad de manera conjunta debería ser el objetivo no sólo de la sociedad civil, sino también de los gobiernos.