Fuente: EAPN-RM / La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de Murcia (EAPN-RM) ha manifestado su «más firme oposición» a la decisión de dejar sin acceso a la tarjeta sanitaria y por ende, a prestaciones sanitarias básicas a las personas inmigrantes sin tarjeta de residencia, a pesar de estar legalmente inscritos en el padrón de nuestros municipios, lo que considera «ineficaz, insolidario e injusto».
La medida, contemplada en marco del Real Decreto-ley 16/2012 de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, «relega a los extranjeros empadronados y que carecen de tarjeta de residencia en vigor, a la atención sanitaria exclusivamente de urgencia», según informaron fuentes de EAPN-RM en un comunicado.
En concreto, critica que la medida «dejará sin cobertura sanitaria a personas ya de por sí vulnerables, que en muchos casos viven en condiciones higiénicas y sanitarias lamentables», al tiempo que advierte que, a corto y medio plazo, «tendremos una mayor alarma social en asuntos relacionados con la salud pública, por la falta de tratamiento en atención primaria pudiendo llegar a constituir un problema de salud pública».
A su juicio, es una medida que «no incidirá en el ahorro en el Sistema Sanitario, pero que si agravará el discurso ciudadano xenófobo y racista, atentando contra el principio básico de universalidad de nuestro sistema sanitario».
EAPN Región de Murcia se opone a esta medida «por ineficaz ya que no habrá un ahorro real; por insolidaria ya que aumentamos peligrosamente las diferencias en los derechos básicos de todas las personas que vivimos y estamos empadronados en un territorio; y por injusta, al afectar a un grupo ya de por si vulnerable, sin contar los casos en los que la situación de irregularidad es sobrevenida por la actual situación de crisis económica y alto desempleo, aumentando de esta forma la exclusión social y la marginación».
En este sentido, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que tenga en cuenta la opinión del tercer sector de acción social en la elaboración de esta normativa y que solicite el correspondiente dictamen del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
