El colectivo Economistas Frente a la Crisis advierte de que la reforma laboral del PP busca «reducir el poder sindical para empequeñecer el Estado del Bienestar». Ha publicado este Manifiesto de Economistas Frente a la Crisis que reproduce el diario digital Nueva Tribuna. Para ‘Economistas Frente a la Crisis’, la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy se concentra de forma muy especial en el despido, a través de múltiples medidas de enorme trascendencia.
En riguroso análisis realizado sobre la reforma, el colectivo recuerda que «la política económica tiene por objeto propiciar una mejor asignación de recursos. Y entre todas las opciones a las que pueda enfrentarse, la peor, la más ineficiente, es la que conduce a la no asignación, a la inactividad, al paro. Desde esta óptica resulta paradójico que las medidas que la UE impone al Gobierno Español tiendan a agudizar la crisis porque, sin duda, esta crisis presenta, entre sus características determinantes, una fuerte caída de la demanda efectiva».
Economistas Frente a al Crisis considera que la destrucción de empleo y la incapacidad de la estructura económica para generar puestos de trabajo estables y productivos, «ha llevado a las autoridades económicas a buscar, con el soporte de paradigmas neoliberales, soluciones en las reformas laborales ignorando que la reactivación del empleo no llegará por esas vías –con independencia de que no deba abandonarse la búsqueda de la mayor eficiencia del mercado de trabajo- sino a través de un impulso de la demanda efectiva». A esto se añade, el desplome de la inversión y del consumo privado, cuya consecuencia, «impuesta» por el Consejo Europeo, ha sido «un drástico recorte del gasto público».
«Esta política procíclica y contractiva -sigue el colectivo- impedirá cualquier recuperación de la actividad económica en los próximos años. La inasumible tasa de paro, con su manifestación más dramática en la tasa de desempleo juvenil y en los parados de larga duración, exige un cambio de orientación de la política económica hacia postulados que no obvien la reactivación como condición indispensable para la recuperación del empleo. Si bien es cierto que el mercado de trabajo español adolece de serias deficiencias que deberán ser abordadas desde el consenso, también es cierto que confiar la recuperación del empleo a reformas tendentes a debilitar su estabilidad no contribuirá a la salida de la crisis».
Es más, para este colectivo, «considerar el factor trabajo y los salarios sólo como un coste variable que pueda ajustarse, sin más, a la marcha de los negocios, según convenga a los márgenes pre asignados a los capitales invertidos y a las altas remuneraciones de los administradores, es el mayor incentivo que una reforma puede conceder a la ineficiencia y a la irresponsabilidad o impericia de los empresarios en relación con la organización del trabajo, la innovación y la gestión industrial, comercial y financiera. El salario es la base de la demanda agregada de la economía y el único ingreso de la mayoría de los trabajadores para atender a sus necesidades vitales. Poner el acento de las reformas laborales exclusivamente en la contención salarial y en la austeridad no contribuirá a la recuperación de las economías europeas. Sólo a la agudización y prolongación de la crisis».
Por todo ello, Economistas Frente a la Crisis cree que «toda reforma laboral que pretenda el calificativo de estructural, debiera centrar sus preocupaciones en la regulación de la gobernanza corporativa y en la organización del trabajo en las empresas. El control de las retribuciones de los ejecutivos, el destino de los beneficios empresariales y la creación de servicios y auditorías laborales conducentes al aumento de la productividad de los factores, deben constituir ejes de las reformas laborales y corporativas. Como primer y tímido paso en la buena dirección: la conversión en contratos indefinidos de los contratos temporales encadenados que mantienen las administraciones en la enseñanza y en la sanidad».
«La reforma laboral -concluyen- aprobada por el Gobierno mediante Real Decreto, tiende a desmembrar las negociaciones de los convenios laborales y no busca tanto la eficiencia del mercado de trabajo y la recuperación del empleo, sino el debilitamiento de la fuerza sindical de los trabajadores, seguramente el último reducto que queda para contener el deterioro del estado del bienestar. Thatcher en la memoria: reducir primero el poder sindical para epequeñecer después el Estado del Bienestar».