En un escrito que también respalda Cáritas Diocesana piden a los bancos y las cajas que busquen soluciones con los afectados y con las administraciones, y recuerdan que echar a una familia a la calle “sepulta la dignidad humana”

De izquierda a derecha: Sor Juana Peñalba, Juan Francisco Ortega y José Miguel Gambín. / Foto: ISRAEL SÁNCHEZ

“La vivienda no es sólo ladrillo y cemento, es un hogar donde se ha materializado un proyecto familiar, es un espacio en el que todo adquiere un significado afectivo y existencial”

Un centenar de sacerdotes, religiosos, religiosas y misioneros de la Diócesis de Cartagena, en la Región de Murcia, han suscrito un documento en el que denuncian la situación que viven centenares de familias al verse afectadas por el desahucio de sus viviendas al no poder hacer frente a los pagos de las hipotecas a causa del paro y de la crisis económica. El documento también cuenta con el apoyo de la Asamblea General de Cáritas Diocesana de Cartagena, celebrada hace tres semanas.

El manifiesto, que lleva por título “En el nombre de Dios, ¡Basta ya de desahuciar a las familias!”, ha sido presentado esta mañana en rueda de prensa en la Iglesia de Santa Rosa de Lima, en el barrio de Los Rosales de la pedanía de El Palmar. Un barrio, precisamente, muy castigado por la crisis y donde se han evitado varios desahucios gracias a la intervención de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas que se constituyó hace unos meses.

El acto ha contado con la presencia del párroco de Los Rosales, José Tornel, así como varios sacerdotes diocesanos: Juan Francisco Ortega, que intervino en la rueda de prensa, José Luis Bleda y Joaquín Sánchez. Asimismo participaron varias religiosas, entre ellas Sor Juana Peñalba, Hija de la Caridad y muy implicada en Cáritas, y otras de la Institución Teresiana y de las Carmelitas de Santa Joaquina de Vedruna. También intervino el religioso salesiano José Miguel Gambín, misionero  durante 25 años en Malí.

En su escrito, dirigido a “los políticos, banqueros y a todos aquellos que participan directa o indirectamente en el desahucio de viviendas”, los firmantes aseguran que “la vivienda no es sólo ladrillo y cemento, es un hogar donde se ha materializado un proyecto familiar, es un espacio en el que todo adquiere un significado afectivo y existencial: el amor de la pareja, los momentos felices y duros, el nacimiento de un hijo… Es el lugar vital donde la familia encuentra el cariño, el descanso y la tranquilidad”.

Tras recordar que “las familias han ido pagando sus hipotecas mientras alguno de sus miembros ha tenido un trabajo”, el paro “ha supuesto no poder cumplir con la cantidad mensual establecida” y provocado “que los bancos y cajas de ahorros, a través de demandas judiciales para desahuciar, estén provocando un sufrimiento a la sociedad en aras de sus beneficios”.

A juicio de Ortega, los desahucios están dejando «sin futuro a muchas familias y a las generaciones venideras», lo que, según ha afirmado, se ha puesto de manifiesto con el incremento, en los últimos dos años del nivel de pobreza en la Región, que ha pasado del 25 al 36 por ciento.

«Cáritas está desbordada y a los comedores sociales cada vez acuden más familias de clase media, que nunca habían tenido problemas económicos», ha dicho Ortega, quien ha denunciado que las administraciones no están respondiendo a las demandas de los que más lo necesitan, y ha apelado a su responsabilidad en este sentido.

Por su parte, sor Juana, perteneciente a la congregación de las Hijas de la Caridad de Espinardo, que durante la presentación del documento portaba junto a su pecho un cartel en el que se podía leer: «En el nombre de Dios no desahuciarás a las familias. No negarás justicia al pobre (Éxodo, 23.6)», ha mostrado su preocupación por que «cada vez son más los que se ven en la calle de la noche a la mañana».

«Se están creando cada vez más asentamientos de gente que no tiene nada, y a la que se la condena a no poder cambiar esa situación, y a que sus hijos no puedan vivir otra cosa», ha indicado sor Juana, que desde hace más de 30 años trabaja con los más necesitados.

En este sentido, el sacerdote salesiano José Miguel Gambín ha señalado que «esto no funciona, hay que cambiarlo», porque, no sólo no se está respetando la Constitución en el caso de los desahucios, sino que se está anteponiendo los intereses de unos pocos al bien común.

Los sacerdotes, religiosos y religiosas denuncian que “los bancos y las cajas han recibido muchísimo dinero público para tapar sus agujeros” y que “las  demandas judiciales tienen amparo legal en una Ley Hipotecaria que no defiende ni ampara a la persona ni a la familia”. Muchas familias han sido echadas a la calle, con el agravante de no concederles la dación en pago (cancelación de la hipoteca con la entrega de la vivienda), lo cual las deja sin futuro. No pueden volver a reiniciar sus vidas. ¿Qué futuro –se preguntan- pueden darles a sus hijos si están en paro, o con un trabajo precario, y además con una deuda de miles de euros?”.

Por ello, piden “a los bancos y cajas que no ejerzan la demanda de desahucio, sino que busquen soluciones con las familias y las administraciones, que permitan a las familias poder seguir disfrutando de su hogar. En este sentido, valoramos el trabajo y el compromiso de las plataformas de afectados por la hipoteca”.

Cambiar la ley

También reclaman a los jueces, secretarios/as judiciales, comisiones judiciales y fuerzas de orden público “una gran sensibilidad y respeto ante estas situaciones” y que “sus actuaciones no supongan un mayor sufrimiento a las familias. Que no olviden que echar a una familia a la calle sepulta la dignidad humana, por muy legal que sea”.

asimismo, exigen “a los gobernantes que estén al servicio de los ciudadanos y del bien común, ya que es escandalosa la sumisión de la política a la economía. Que cambien ya la ley, que paralicen los desahucios ante esta situación social, concedan por ley la dación en pago y se establezca el alquiler social”.

Recuerdan diversos textos de la Doctrina Social de la Iglesia, así como la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, así como la Carta de los derechos de la familia de 1983, al referirse a que “la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad”. Les exigimos, por tanto, a los políticos, que protejan a las familias.

El escrito, al que esperan que se sumen más sacerdotes, religiosos y religiosas de toda la Diócesis de Cartagena, finaliza con la petición de que “todos pongamos en el centro de nuestras actuaciones y decisiones a la persona y su dignidad, porque el ser humano no es mercancía, sino que “es el centro y fin de toda la vida económica y social” (Caritas in Veritate, 25). Desde la fe cristiana consideramos a cualquier persona imagen de Dios y por tanto, merecedora de respeto, justicia y fraternidad.